El Gobierno argentino oficializó la ampliación de los recursos destinados al área de defensa mediante un decreto que reasigna 142 millones de dólares para inversión en infraestructura.
Los fondos asignados se destinarán a dinamizar las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y a finalizar instalaciones clave en la Base Antártica Conjunta Petrel. El desembolso presupuestario se concreta tras el anuncio en cadena nacional del presidente Javier Milei, quien ordenó acelerar la construcción de esta plataforma de soberanía en el extremo sur del país. Esta inyección de capital busca revertir la prolongada parálisis del proyecto naval de Ushuaia, iniciado en 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández. Hasta la fecha, las obras registran un avance físico de apenas el 9,13%, habiendo experimentado un nulo flujo de inversión presupuestaria durante el año 2024. De la nueva partida, un total de 206.373 millones de pesos corresponden a aplicaciones financieras destinadas a adelantos para contratistas y proveedores de largo plazo, cubriendo de forma parcial un megaproyecto cuyo costo final estimado se proyecta entre los 300 y 500 millones de dólares.
La decisión fue catalogada por el senador oficialista por Tierra del Fuego, Agustín Coto, como una «voluntad manifiesta» del Estado nacional, calificándola además como la inversión en infraestructura de defensa más importante para la región austral desde la década de 1990. El legislador equiparó el proyecto con obras históricas provinciales como el Aeropuerto de Ushuaia, la pavimentación de la Ruta Nacional 3 y el puerto local. Desde Buenos Aires, la Jefatura de Gabinete respaldó formalmente los términos y el carácter estratégico de la reasignación presupuestaria.
El diseño oficial de la Base Naval prevé un complejo de gran envergadura ubicado en las cercanías de la Bahía de Ushuaia. Su elemento central contempla una superficie portuaria de aproximadamente 15.640 metros cuadrados, con 1.050 metros lineales de atraque y profundidades de entre 6 y 16 metros, dimensiones óptimas para la operatividad de destructores y del rompehielos ARA Almirante Irízar. Adicionalmente, el plano de la obra proyecta galpones, talleres de mantenimiento, cámaras frigoríficas y un edificio de servicios marítimos de 2.540 metros cuadrados.
En el plano de la competencia regional, la reactivación de este eje logístico militar intenta disputar la hegemonía que ostenta el puerto chileno de Punta Arenas como principal vía de acceso al continente blanco. Punta Arenas asiste actualmente a 24 programas científicos internacionales e inyecta unos 500 millones de dólares anuales en la economía de la región de Magallanes. El gobierno argentino busca que la modernización de su infraestructura en Ushuaia y en la base Petrel ofrezca una alternativa para equilibrar la ventaja logística aérea y marítima que hoy mantiene su país vecino.
